Taller Cervecero POW

Taller Cervecero POW POW! es una cervecería artesanal que, a través de la creatividad, la imaginación y el placer por hacer cerveza, ha logrado diez estilos. Fábrica de cerveza

19/04/2026

LA TRAGEDIA DE LOS MONREAL.
Por Jorge Ramírez
Hace un par de días, la Comisión de Búsqueda de Jalisco (COBUPEJ) puso a circular de nuevo en su página de Facebook una publicación del 29 de abril de 2021. Se trata de las cédulas de 4 hombres que comparten un mismo apellido, Monreal, así como la colonia y la fecha de último avistamiento.

De la información de las cédulas se puede inferir que el domingo 20 de enero de 2019, los hermanos Monreal Candelas, de 40 y 41 años, se encontraban en la colonia Rancho Nuevo, en Guadalajara, Jalisco, en compañía de sus sobrinos Ángel Fernando y Miguel Ángel, de 18 y 20 años, respectivamente.

Lo que sucedió entonces fue registrado muy escuetamente por la COBUPEJ. Se dice que cerca de las seis de la tarde de ese día “sujetos armados se llevan a sus familiares, subiéndolos a una camioneta, sin rumbo conocido”. No se añade nada más. Quien reportó fue una mujer que autorizó, además, que se hiciera pública la cédula de búsqueda de Miguel Ángel.

Dos meses después de lo sucedido, se conocieron más detalles . La mamá de Miguel Ángel refirió que ese día hubo una convivencia familiar que fue interrumpida por hombres armados que descendieron de dos camionetas, ostentándose como agentes de la fiscalía de Jalisco. Exigieron a punta de pi***la que las mujeres y niños se tiraran al piso, mientras se llevaban no sólo a sus 4 familiares, sino también a Luis Covarrubias Ramírez, de 51 años, y a Jesús Naranjo Saucedo, de 28. Lamentó que no existieran avances en las investigaciones, a pesar de que se reportó lo sucedido desde el primer momento, y que la fiscalía siguiera negando su participación [1].

En 2021 el caso volvió a ser noticia. La mamá de Miguel Ángel declaró que seguía sin conocer el paradero de sus familiares ante la falta de resultados de la fiscalía. Confirmó que no sólo su hijo, su sobrino y dos hermanos fueron privados de su libertad, sino también su cuñado, Luis Covarrubias, quien estaba dentro de la vivienda, y Jesús Naranjo, un joven que pasaba por el lugar cuando sucedieron los hechos [2].

En la publicación que volvió a compartir la COBUPEJ en estos días sólo están las cédulas de los Monreal. Busqué en la base de cédulas que la comisión tiene en línea y no aparecen ni Luis ni Jesús. Sin embargo, en la página de Facebook de la COBUPEJ sí aparece la cédula de Luis, con fecha de publicación de noviembre de 2022 y refiere su desaparición el mismo día que el resto. Debería publicarse junto a las otras y registrarse en la base general. No logré dar con la de Jesús Naranjo, cuya ausencia debe ser subsanada a la brevedad. Ninguno de ellos ha sido localizado y su búsqueda se mantiene activa.

En enero de 2025, seis años después de la desaparición de estas seis personas, el periodista Lauro Rodríguez y yo nos pusimos a identificar todos los reportes de personas desaparecidas en Jalisco que habían ocurrido de modo similar a este, es decir, en los que un grupo armado privó ilegalmente de la libertad a una o varias personas a la vez. Lauro había logrado obtener de un sitio público de la COBUPEJ una base de datos con información sobre 8,072 reportes de desaparición registrados la mayoría entre 2019 y diciembre de 2024. Sobre ese listado trabajamos. Usando diferentes palabras claves y leyendo miles de reportes, logramos identificar 1,234 casos (entre ellos el de los Monreal), una cifra que, desde luego, es solo una muestra de un universo de casos más grande.

Como aclaramos en el reporte extenso que publicamos entonces [3], la información analizada no permitió identificar todas las veces donde ocurrió más de una desaparición simultánea. Aunque en los reportes a veces se usa el plural, no se indica el número de personas afectadas o sólo se registra el nombre de las personas que se autoriza emitir cédula, como sucedió con los Monreal. Por esa razón, es incierto el número de sucesos donde hubo desapariciones con más de una víctima. De hecho, sólo pudimos documentar dos reportes donde desaparecieron 4 personas a la vez, ninguno en la que fueran 6 (véase páginas 11 y 12).

La tragedia de los Monreal, y de las otras dos personas desaparecidas ese día, ilustra la tragedia de miles de familias de Jalisco. Aunque el primer caso reportado en este estado de un grupo armado privando de la libertad a una persona data de 1998, a partir del 2010 se volvieron constantes y desde el 2015 comenzaron un ascenso imparable, alcanzando en 2023 su mayor registro. No se sabe cuántas personas han desaparecido de esta forma. En el informe que México envió al Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU en septiembre pasado, se indica que más de 5 mil personas desaparecieron con violencia en Jalisco entre diciembre del 2018 y julio del 2025, una cifra que seguramente no capta todas las que realmente ocurrieron y siguen ocurriendo.

Se trata de una gran cantidad de víctimas. Una y otra vez, sobre todo en los últimos años, comandos armados integrados por casi 5 sujetos en promedio, privaron de su libertad ilegalmente a miles de personas, ingresando a su domicilio o secuestrándolas en su entorno inmediato, sometiéndolas a menudo con exceso de violencia. Mientras esto sucedía, las policías se mantuvieron al margen: en ningún caso se reporta su presencia intentando frustrar el delito. Como si no existieran. Otra nota común es que la mayoría se mantienen como casos sin aclarar y, por consiguiente, sin que se haya hecho justicia. Tampoco ninguna autoridad municipal, estatal o federal se molestó en avisar, alertar o informar de lo que estaba ocurriendo, aunque debieron saberlo de sobra. Nada dijeron. Optaron por el silencio o por criminalizar a las víctimas cuando algunos de estos casos se hicieron públicos por la prensa. Aún hoy siguen faltando sus explicaciones de lo sucedido y, por supuesto, ninguna de ellas ha sido señalada como responsable. Nadie.

18/04/2026

Control fallido

Algo no está haciendo bien el Gobierno de Jalisco.
Y ya no hablo de percepción. Hablo de una señal brutal, incómoda, imposible de barrer debajo del escritorio.
De 2018 a marzo de 2026, más de 340 policías municipales y servidores públicos han sido judicializados en Jalisco por su presunta participación en desaparición forzada, según lo informado por la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas. Una cifra así no describe un accidente administrativo. Describe un fracaso institucional de gran tamaño.
Porque si durante años nos dijeron que existían controles, filtros, exámenes, evaluaciones de permanencia y mecanismos para detectar perfiles no aptos, entonces alguien tiene que explicar por qué tantos elementos terminaron ligados al delito más brutal que puede cometer el Estado contra una persona: borrarla.
La propia Ley de Control de Confianza de Jalisco dice que esos procesos son obligatorios y que su objetivo es comprobar que mandos operativos, policías y servidores públicos cumplan con el perfil, la probidad y los principios de legalidad, profesionalismo, honradez, lealtad e imparcialidad. Además, el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza depende de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública. Si el modelo estaba diseñado para detectar riesgos y no lo hizo, entonces la revisión tiene que alcanzar al Centro y también a la estructura que lo coordina.
Y el problema no termina ahí. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco ha documentado que siguen ocurriendo desapariciones con participación de policías estatales y municipales, señalados como cómplices de grupos delincuenciales. Cuando el dato judicial y la observación de derechos humanos empiezan a cruzarse, lo que aparece ya no es una suma de casos sueltos: es un patrón que exige intervención real.
Por eso yo sí creo que llegó la hora de revisar a fondo el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza. Y también de revisar la actuación de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública. No para repartir culpas al aire, sino para responder una pregunta básica: ¿qué se evaluó, qué se dejó pasar y quién estuvo firmando como confiable a quienes hoy aparecen en expedientes por desaparición forzada?
Porque una cosa es que un policía caiga en el delito.
Otra, mucho más grave, es que decenas y luego cientos lo hagan bajo un sistema que, en teoría, existía precisamente para impedirlo.
Si esta racha continúa, la conclusión será cada vez más dura para el Estado: que el crimen organizado no sólo logró corromper policías de calle, sino penetrar la médula de corporaciones enteras y contaminar incluso las áreas encargadas de investigar y procurar justicia.
Y si eso está ocurriendo, entonces el problema ya no se resuelve con discursos, ni con conferencias, ni con promesas de depuración.
Se resuelve con auditorías externas, expedientes abiertos, separación inmediata de mandos bajo sospecha, revisión de evaluaciones aprobadas, trazabilidad de certificaciones y una limpia real en las instituciones.
Porque cuando una corporación encargada de proteger termina vinculada a desapariciones, el ciudadano deja de ver un uniforme.
Empieza a ver una amenaza.

18/04/2026

CONTROL FALLIDO.
Por Abogado Víctor González
Algo no está haciendo bien el Gobierno de Jalisco.
Y ya no hablo de percepción. Hablo de una señal brutal, incómoda, imposible de barrer debajo del escritorio.
De 2018 a marzo de 2026, más de 340 policías municipales y servidores públicos han sido judicializados en Jalisco por su presunta participación en desaparición forzada, según lo informado por la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas. Una cifra así no describe un accidente administrativo. Describe un fracaso institucional de gran tamaño.
Porque si durante años nos dijeron que existían controles, filtros, exámenes, evaluaciones de permanencia y mecanismos para detectar perfiles no aptos, entonces alguien tiene que explicar por qué tantos elementos terminaron ligados al delito más brutal que puede cometer el Estado contra una persona: borrarla.
La propia Ley de Control de Confianza de Jalisco dice que esos procesos son obligatorios y que su objetivo es comprobar que mandos operativos, policías y servidores públicos cumplan con el perfil, la probidad y los principios de legalidad, profesionalismo, honradez, lealtad e imparcialidad. Además, el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza depende de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública. Si el modelo estaba diseñado para detectar riesgos y no lo hizo, entonces la revisión tiene que alcanzar al Centro y también a la estructura que lo coordina.
Y el problema no termina ahí. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco ha documentado que siguen ocurriendo desapariciones con participación de policías estatales y municipales, señalados como cómplices de grupos delincuenciales. Cuando el dato judicial y la observación de derechos humanos empiezan a cruzarse, lo que aparece ya no es una suma de casos sueltos: es un patrón que exige intervención real.
Por eso yo sí creo que llegó la hora de revisar a fondo el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza. Y también de revisar la actuación de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública. No para repartir culpas al aire, sino para responder una pregunta básica: ¿qué se evaluó, qué se dejó pasar y quién estuvo firmando como confiable a quienes hoy aparecen en expedientes por desaparición forzada?
Porque una cosa es que un policía caiga en el delito.
Otra, mucho más grave, es que decenas y luego cientos lo hagan bajo un sistema que, en teoría, existía precisamente para impedirlo.
Si esta racha continúa, la conclusión será cada vez más dura para el Estado: que el crimen organizado no sólo logró corromper policías de calle, sino penetrar la médula de corporaciones enteras y contaminar incluso las áreas encargadas de investigar y procurar justicia.
Y si eso está ocurriendo, entonces el problema ya no se resuelve con discursos, ni con conferencias, ni con promesas de depuración.
Se resuelve con auditorías externas, expedientes abiertos, separación inmediata de mandos bajo sospecha, revisión de evaluaciones aprobadas, trazabilidad de certificaciones y una limpia real en las instituciones.
Porque cuando una corporación encargada de proteger termina vinculada a desapariciones, el ciudadano deja de ver un uniforme.
Empieza a ver una amenaza.

17/04/2026
El mismo Estado que puede ubicarte con un número de teléfono lleva siete años sin encontrar a los desaparecidos. Nueve s...
16/04/2026

El mismo Estado que puede ubicarte con un número de teléfono lleva siete años sin encontrar a los desaparecidos. Nueve sentencias condenatorias en más de cinco mil denuncias. Impunidad del 99.8 por ciento. Las herramientas existen. Los resultados, no.

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15/04/2026

COBRO O EXTORISÓN.
Por Víctor González
En política y en derecho hay una línea que no puede borrarse. Una cosa es el cobro legal de derechos municipales. Otra, muy distinta, es el cobro ilegal disfrazado de autoridad.
Hoy San Pedro Tlaquepaque es gobernado por Laura Imelda Pérez Segura, y en documentos oficiales del propio ayuntamiento aparece José Luis Ramírez Espinoza como secretario general. Eso importa porque cuando los señalamientos ciudadanos apuntan a nombres y cargos concretos, el asunto deja de ser rumor de pasillo y se convierte en materia de responsabilidad pública.
Lo primero que debe decirse con claridad es esto: los municipios sí pueden cobrar derechos, productos y aprovechamientos previstos en su ley. Incluso la normatividad consultable de Tlaquepaque contempla pagos, descuentos y reglas específicas para permisos en tianguis, así como cuotas para puestos y espacios en mercados municipales. Por eso el problema no es que exista un cobro. El problema sería que ese cobro se haga por fuera de la ley, sin tarifa pública, sin recibo oficial y bajo amenaza.
Si a un comerciante o a un tianguista le dicen “paga o te clausuro”, “paga o no trabajas”, “paga o te retiro”, y ese dinero no entra con transparencia a la tesorería municipal, entonces ya no estamos frente a una contribución. Estamos, materialmente, frente a una conducta que debe ser investigada como probable extorsión y corrupción.
Y aquí hay otro dato que no puede minimizarse: la extorsión es uno de los delitos que menos se denuncian. La ENVIPE 2025 del INEGI reportó que la cifra oculta de este delito fue de 97.0%; además, entre las razones más frecuentes para no denunciar están la pérdida de tiempo y la desconfianza en la autoridad. Es decir: que no existan muchas denuncias formales no prueba que el problema no exista. A veces prueba exactamente lo contrario.
Jalisco, además, ya movió su marco institucional en esta materia. En diciembre de 2025, el Congreso local aprobó reformas para armonizar la respuesta estatal al delito de extorsión y fortalecer la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales. Si el señalamiento toca a un ayuntamiento, entonces la respuesta no puede quedarse encerrada en el propio ayuntamiento.
El antecedente de Tequila tampoco puede ignorarse. En febrero de 2026, reportes periodísticos y documentos legislativos dieron cuenta de la detención del alcalde de ese municipio y de otros funcionarios por presuntos actos de extorsión, dentro de un operativo coordinado por fuerzas federales. Por eso la pregunta sobre una eventual intervención externa en Tlaquepaque no suena desproporcionada: en Jalisco ya existe un precedente reciente.
Yo no voy a afirmar, sin una carpeta de investigación en la mano, que en Tlaquepaque ya está probada una red criminal desde el gobierno. Pero sí voy a decir algo con toda claridad: si comerciantes y tianguistas están señalando cobros ilegales, cuotas para poder trabajar y presión desde la autoridad, entonces la obligación del Estado es investigar de inmediato, proteger a los denunciantes y seguir la ruta del dinero.
La prueba, en realidad, no es tan complicada. Que se exhiban tarifas, permisos, folios, recibos oficiales, ingresos a tesorería, padrones de inspectores, órdenes de verificación y fundamento legal de cada cobro. Y si eso no aparece, entonces la Fiscalía del Estado, la Fiscalía Anticorrupción y, si el caso escala, la propia Federación, tendrían que entrarle sin titubeos.
Porque un gobierno no puede convertirse en ventanilla del miedo.
Cuando la autoridad cobra conforme a la ley, administra.
Cuando cobra bajo presión, castigo o protección, deja de gobernar y empieza a parecerse demasiado al delito.

14/04/2026

No se trata de seguridad, sino de un Estado con herramientas de rastreo y vigilancia masiva compradas en contratos opacos y sin controles claros a la vista: hoy te pueden seguir sin que lo notes y mañana cualquiera puede abusarlo.

En política y en derecho hay una línea que no puede borrarse. Una cosa es el cobro legal de derechos municipales. Otra, ...
14/04/2026

En política y en derecho hay una línea que no puede borrarse. Una cosa es el cobro legal de derechos municipales. Otra, muy distinta, es el cobro ilegal disfrazado de autoridad.

Cobro o extorsión

En política y en derecho hay una línea que no puede borrarse. Una cosa es el cobro legal de derechos municipales. Otra, muy distinta, es el cobro ilegal disfrazado de autoridad.
Hoy San Pedro Tlaquepaque es gobernado por Laura Imelda Pérez Segura, y en documentos oficiales del propio ayuntamiento aparece José Luis Ramírez Espinoza como secretario general. Eso importa porque cuando los señalamientos ciudadanos apuntan a nombres y cargos concretos, el asunto deja de ser rumor de pasillo y se convierte en materia de responsabilidad pública.
Lo primero que debe decirse con claridad es esto: los municipios sí pueden cobrar derechos, productos y aprovechamientos previstos en su ley. Incluso la normatividad consultable de Tlaquepaque contempla pagos, descuentos y reglas específicas para permisos en tianguis, así como cuotas para puestos y espacios en mercados municipales. Por eso el problema no es que exista un cobro. El problema sería que ese cobro se haga por fuera de la ley, sin tarifa pública, sin recibo oficial y bajo amenaza.
Si a un comerciante o a un tianguista le dicen “paga o te clausuro”, “paga o no trabajas”, “paga o te retiro”, y ese dinero no entra con transparencia a la tesorería municipal, entonces ya no estamos frente a una contribución. Estamos, materialmente, frente a una conducta que debe ser investigada como probable extorsión y corrupción.
Y aquí hay otro dato que no puede minimizarse: la extorsión es uno de los delitos que menos se denuncian. La ENVIPE 2025 del INEGI reportó que la cifra oculta de este delito fue de 97.0%; además, entre las razones más frecuentes para no denunciar están la pérdida de tiempo y la desconfianza en la autoridad. Es decir: que no existan muchas denuncias formales no prueba que el problema no exista. A veces prueba exactamente lo contrario.
Jalisco, además, ya movió su marco institucional en esta materia. En diciembre de 2025, el Congreso local aprobó reformas para armonizar la respuesta estatal al delito de extorsión y fortalecer la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales. Si el señalamiento toca a un ayuntamiento, entonces la respuesta no puede quedarse encerrada en el propio ayuntamiento.
El antecedente de Tequila tampoco puede ignorarse. En febrero de 2026, reportes periodísticos y documentos legislativos dieron cuenta de la detención del alcalde de ese municipio y de otros funcionarios por presuntos actos de extorsión, dentro de un operativo coordinado por fuerzas federales. Por eso la pregunta sobre una eventual intervención externa en Tlaquepaque no suena desproporcionada: en Jalisco ya existe un precedente reciente.
Yo no voy a afirmar, sin una carpeta de investigación en la mano, que en Tlaquepaque ya está probada una red criminal desde el gobierno. Pero sí voy a decir algo con toda claridad: si comerciantes y tianguistas están señalando cobros ilegales, cuotas para poder trabajar y presión desde la autoridad, entonces la obligación del Estado es investigar de inmediato, proteger a los denunciantes y seguir la ruta del dinero.
La prueba, en realidad, no es tan complicada. Que se exhiban tarifas, permisos, folios, recibos oficiales, ingresos a tesorería, padrones de inspectores, órdenes de verificación y fundamento legal de cada cobro. Y si eso no aparece, entonces la Fiscalía del Estado, la Fiscalía Anticorrupción y, si el caso escala, la propia Federación, tendrían que entrarle sin titubeos.
Porque un gobierno no puede convertirse en ventanilla del miedo.
Cuando la autoridad cobra conforme a la ley, administra.
Cuando cobra bajo presión, castigo o protección, deja de gobernar y empieza a parecerse demasiado al delito.

Sí, el Gobierno de Jalisco tiene tecnología para saber dónde estás, verte el tiempo real, con quién te mueves y qué dato...
13/04/2026

Sí, el Gobierno de Jalisco tiene tecnología para saber dónde estás, verte el tiempo real, con quién te mueves y qué datos genera tu teléfono.

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